Avalan Licencias de 2 Diputados del PRI
Por José Luna
Argonmexico / El Pleno cameral aprobó en votación económica las licencias por tiempo indefinido de los diputados del PRI, Rosalina Mazari Espín (Distrito 4, Morelos) y Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (2da Circunscripción, Tamaulipas) para separarse del cargo federal en la LXIII Legislatura.
Se recibió solicitud de la diputada con licencia Guadalupe González Suástegui (PAN) para retirar de los registros parlamentarios la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el 14 de diciembre de 2017.
La Secretaría de Gobernación remitió el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se mandó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
A la Comisión de Gobernación fue turnado el Informe de Actividades 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se conoció el Segundo Informe Semestral 2017 sobre acciones relevantes. Fue enviado a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
La Secretaría General de gobierno del estado de Puebla respondió a dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, relativos a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la comercialización de animales domésticos como mascotas.
Del Congreso de Guanajuato se recibió iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, para que los delitos de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como los delitos en materia de hidrocarburos se adicionen al catálogo de los que ameritan prisión preventiva. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A esa misma comisión, se canalizó la iniciativa del Congreso de Sonora que adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, con el objeto de elevar a nivel constitucional la concurrencia de la Federación y del estado en el delito de abigeato, estableciendo la facultad del ofendido de presentar su denuncia ante la autoridad ministerial del fuero común o federal, según convenga a sus intereses, lo que permitiría facilitar los medios de denuncia de este tipo de delitos.
