Aprueban Diputados Eliminar Arraigo como Medida Cautelar
Por José Luna
*Además avala establecer fiscalías autónomas en los estados y que el Congreso expida la Ley General de Extinción de Dominio
Argonmexico / La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, ocho dictámenes para reformar la Carta Magna turnándolos para su discusión en el Pleno y entre los que figura la eliminación de la figura de arraigo y otro que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Extinción de Dominio.
La instancia legislativa avaló reformas al artículo 16, párrafo octavo, de la Carta Magna para anular el arraigo como medida cautelar, figura que aplica algunas restricciones cuando una persona es investigada, con el fin de evitar que se sustraiga de la justicia y no se entorpezca el proceso.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD) explicó que esta figura evolucionó de manera negativa en México y a la fecha se usa como un método de investigación. Su derogación, comentó, responde a las demandas de la sociedad y cumple con las recomendaciones de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se había manifestado en contra.
Explicó que con ese mecanismo primero se arraiga a una persona y luego se inicia la investigación, incluso, a veces, sin tener ni siquiera los elementos de prueba para retenerla. “Esto generó el rechazo y el reclamo de organismos, incluso internacionales, que han suscrito acuerdos con nuestro país, pidiendo que revisáramos y elimináramos esta figura, que se contrapone con nuestro sistema de justicia, viola el principio de inocencia y de presunción de inocencia”.
El diputado Arturo Huicochea Alanís (PRI) consideró de gran transcendencia esta reforma constitucional, porque obliga a los tres ámbitos de gobierno y a los tres Poderes a hacer mejor su trabajo, para que se profesionalicen y capaciten las corporaciones policiacas, y que las autoridades municipales mejoren la prevención del delito.
“Al eliminar el arraigo no se desarma al poder público. Se abate la posibilidad de tortura, casi hasta eliminarla, y el espacio para la desaparición forzada de personas. Estamos cambiando la forma de hacer las cosas. De hacerlas mal, aunque con un buen propósito y pésimos resultados, a realizarlas de manera correcta con buenos resultados y satisfacción, para restablecer la confianza entre autoridades y ciudadanos”.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) destacó que al eliminarse el arraigo las instituciones policiales tendrán que profesionalizarse, de acuerdo con el nuevo marco jurídico del sistema de justicia penal. Esta reforma plantea acceder a la tecnología, para que sean más eficaces las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
“Se utilizará la inteligencia en los sistemas de investigación a nivel nacional, a fin de trabajar la información de manera científica para combatir la delincuencia, la cual gana la lucha a las instituciones federales y locales de seguridad y procuración de justicia”, manifestó.
Policías que demuestren despido injustificado podrán ser reincorporados a su puesto
También se avaló un dictamen que reforma el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, para establecer que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, estados y municipios, que sean separados de sus cargos y demuestren en juicio su inocencia o que fueron despedidos injustificadamente, puedan ser reinstalados.
Se precisa que la reincorporación no procederá cuando el servidor público haya sido condenado y sentenciado de forma irrevocable por delito doloso.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita y extinción de dominio
Se aprobó el dictamen que reforma el primer párrafo del inciso a), el inciso c) y adiciona un inciso d) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como una legislación única en materia de extinción de dominio, que regirá́ en la República en el orden federal y en el fuero común.
El documento menciona que una política exitosa de recuperación de activos y de extinción de dominio generará numerosos beneficios. Envía el mensaje de que el crimen no es una opción para nadie, se reducirán los niveles de impunidad y se obtendrán recursos para apoyar a instituciones de salud y seguridad, y apoyará de manera eficaz a víctimas del delito. “Se podrá remontar la crisis de inseguridad que se vive en diversas regiones del país”, sostiene.
“Tenemos la oportunidad de construir un marco jurídico general para la figura de extinción de dominio, similar al de secuestro, otorgando a las entidades federativas un esquema para combatir los recursos de procedencia ilícita, independientemente del monto que impliquen, a través de un mecanismo homologado a nivel nacional y que tenga énfasis en la prevención, detección e intercambio de información, así́ como los mecanismos de persecución y de imputación por parte de los fiscales locales y federales que permitan aumentar de manera significativa los procesos penales correspondientes”, explica.
