A ONU y CNDH Criminalización en Guanajuato de Mujeres que Abortan

A ONU y CNDH Criminalización en Guanajuato de Mujeres que Abortan*Cuentas Claras en Agresiones a Periodistas; Vázquez Mota a PGR
 
Argonmexico.com / ¡Vaya!… La vocera de la bancada del PRD en San Lázaro, Leticia Quesada Contreras, viajó el lunes pasado al estado de Guanajuato para denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la calificación de “criminales” que el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez endereza contra las mujeres que abortan. Hasta este fin de semana, seis humildes féminas son enjuiciadas por ese “delito”, mientras 160 más también irán tras las rejas.

 

El portal milenio.com publica este domingo un reportaje de Rodolfo Montes donde revela que esas 166 mujeres habitan en zonas de extrema pobreza del estado de Guanajuato; padecen escaso acceso a educación básica y a servicios de salud, falta de educación sexual y comunicación entre sus padres; y que los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte.

La gira de la diputada se realizó pese a la falta de buenos asesores en comunicación, ya que aun cuando se convocó a periodistas a cubrir las actividades de la legisladora perredista, luego de más de una hora de espera, al lugar de la cita llegó una desvencijada camioneta “chocolata” que ya iba ocupada por cuatro personas y el conductor. Ante ello, vario de los comunicadores optaron por no viajar a Guanajuato.
De acuerdo al trabajo periodístico de nuestro colega, los expedientes de cada una de las mujeres acusadas de haber cometido el grave delito de “abortar”, fueron entregados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A juzgar por esos expedientes, las “criminalizadas” son mujeres que no saben leer ni escribir, y que trabajaban en el campo arreando animales antes de ser encarceladas por las autoridades del gobierno guanajuatense panista.

No obstante, por la seguridad y privacidad obligada de cada caso, sólo se refiere un apellido de las seis mujeres que ahora purgan penas en prisión de hasta 35 años.
Caso Frías. “Tiene 39 años de edad: sentenciada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco; se interpuso un recurso de apelación y la sentencia fue modificada a 25 años de prisión. Actualmente lleva cinco años en la cárcel. Ella pertenece a una comunidad del noreste del estado y proviene de una familia que vive en extrema pobreza.

Ella, la “criminal”, no fue a la escuela y no sabe leer ni escribir; desde niña trabajaba en el campo arreando animales para poder comer. Se trata de una mujer temerosa, ingenua y tímida que siempre camina cohibida. La mujer jamás acudió a recibir atención.

“Es madre de tres hijos producto del delito reiterado de violación a la que estuvo sometida por largos periodos de su vida, cometido por un vecino que todas las madrugadas entraba a su vivienda para abusar sexualmente de ella, siempre bajo amenazas hasta que un día comenzó a sentir dolores en el abdomen y a tener sangrado abundante; fue denunciada por una partera”.

La señora Moreno, otra “delincuente” según el gobierno de Guanajuato, “tiene 23 años de edad: también fue víctima del delito de violación. Invadida por el miedo, mantuvo en secreto su embarazo, pero éste se complicó y el producto murió con el cordón umbilical enredado en su cuello. Por ello fue sentenciada a 27 años seis meses de cárcel”.

Al igual que Frías y el resto de las mujeres que por ese “delito” están en la cárcel, “no sabe leer ni escribir, y al enterarse de que estaba embarazada como consecuencia de una violación, guardó silencio en su casa hasta que sobrevino el aborto por accidente”.

Estos casos, como los otros cuatro, serán investigados por un visitador de la Organización de las Naciones Unidas, y próximamente serán remitidos a la Corte Internacional de La Haya para determinar el proceso jurídico a través del cual puedan alcanzar su libertad.

Presentarán queja. El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, y su procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, podrán “decir misa” sobre el tema de las mujeres encarceladas por abortar, pero éste “no es ni por mucho un caso cerrado”, señala enfática la diputada federal.

Esta semana, el PRD propondrá un punto de acuerdo para que, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se exhorte al Congreso local guanajuatense a dar marcha atrás al artículo 156 del Código Penal, en el cual “se ha maquillado la penalización del aborto, bajo el pretexto de homicidio en razón de parentesco” y que inicialmente tiene tras las rejas a media docena de mujeres; y en la antesala de la prisión a 160 más. Vaya gobernador, calza Florsheim, pero deja huella de alpargata…
 
Ante agresiones a comunicadores el PAN se pone las pilas… La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, admitió que el gobierno federal tiene una deuda pendiente con los representantes de los medios de comunicación, y pidió fortalecer la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, que depende directamente del Procurador General de la República.

Así, pidió al procurador Arturo Chávez Chávez rendir cuentas y dar seguimiento a las agresiones de las que son víctimas los periodistas. “La dictadura que hoy pretende el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas, es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al Estado de Derecho y a nuestras libertades”.

Vázquez Mota lo expuso en el editorial de la revista institucional de este partido en San Lázaro, aunque responsabiliza directamente a las autoridades locales de no asumir acciones claras contra el crimen organizado.

“Hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, la complicidad del silencio, de no asumir a nivel estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas suceden en los territorios gobernados por ellos.

“Esa complicidad de, ante cada acción violenta del crimen, voltear a mirar al Gobierno Federal para afirmar que no les corresponde la tarea, y que por tanto poco o nada pueden ni quieren hacer, no es válida”. Pero bien se sabe, el hilo se revienta, por lo más delgado…
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